lunes, 21 de octubre de 2013

Didáctica política: Cómo reclamar derechos fundamentales ante el defensor del pueblo

Si alguna vez se han preguntado qué ocurre con las firmas que se recogen para diferentes objetivos, bajo el paraguas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), regulada por Ley Orgánica 3/1984, sepan que si tratan sobre derechos fundamentales, no sirven absolutamente para nada, pues el artículo 87.3 de la Constitución española (CE), establece expresamente que "No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia." (Para los legos en Derecho, la regulación de derechos fundamentales se hace siempre por ley orgánica). Pero no se lleven las manos a la cabeza, aunque legalmente sirvan de poco, lo que sí expresan es una demanda social de al menos un sector de la población, que seguramente alguno de los partidos con representación parlamentaria tendrá en cuenta.

Pero si quieren reclamar sobre derechos fundamentales, será mejor que recurran a una figura de la que todos hemos oido hablar, pero cuyo trabajo, más allá de apariciones públicas en medios de comunicación, se desconoce: el Defensor del Pueblo, que este año celebra el XXX aniversario de su puesta en funcionamiento. El artículo 54 CE crea esta figura para la defensa de los derechos comprendidos en el título I de la Constitución, que establece los derechos y libertades fundamentales. Posteriormente, la Ley Orgánica 3/1981 regula en detalle la institución. No les aburriré con la parte legal y pasaré a cuestiones más prácticas.

¿Quién puede presentar una queja?: Cualquiera puede presentar una queja, español o extranjero, sin importar la situación regular o irregular del mismo, de modo totalmente gratuito. Si quieren presentar su queja online, pinchen aquí. Para otros métodos o en caso de tener algún problema con el formulario online, pinchen aquí.

Objeto: la queja debe versar sobre la actuación una Administración (estatal, autonómica o municipal). 

Capacidad de obligar: El defensor del pueblo, si da respuesta favorable al ciudadano y en contra de la Administración, no tiene potestad para obligarle a cambiar sus resoluciones previas, pero sí para convencerle a que adopte medidas que las corrijan; lo que consigue en tres de cada cuatro ocasiones. 

¿Cuándo actúa el defensor del pueblo?: Los ciudadanos pueden reclamarle la interposición de recursos de inconstitucionalidad o de amparo ante el Tribunal constitucional (TC), aunque también puede actuar de oficio.

La página web del Defensor del Pueblo, además de poseer la gran virtud de la claridad, da muchísima información sobre toda sus actuaciones. Recomiendo encarecidamente la sección de publicaciones, donde se pueden consultar todas las memorias anuales desde su creación, así como monografías específicas, recomendaciones, recursos presentados ante el TC, estadísticas y casi cualquier cosa que puedan necesitar para estudiar y conocer las principales quejas presentadas ante el organismo.

El Defensor del Pueblo se supone que debe actuar de modo independiente y así ocurre en gran medida. Tanto la duración de su mandato, de cinco años, que le permite ejercer su labor a lo largo de más de una legislatura, como la exigencia de una mayoría cualificada de tres quintos en Congreso y Senado, que teóricamente obliga a un consenso al menos entre los dos principales partidos para su elección, están dirigidos a lograr este objetivo. Sin embargo, su independencia es puesta en tela de juicio cuando no se ha logrado este consenso.

Posiblemente todos recordemos la polémica por la negativa de Enrique Múgica a presentar recurso de inconstitucionalidad en relación a la Ley Orgánica 8/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros (más conocida como Ley de Estranjería), que finalmente fue presentado por el Parlamento de Navarra, consiguiendo la declaración de inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley por Sentencia del TC 236/2007. Si bien la actuación de Múgica no tuvo nada de ilegal, fundamentó las razones por las que no creía necesaria la presentación de recurso, la Sentencia del Constitucional supuso un cierto tirón de orejas moral. La no interposición del recurso fue vista como la contrapartida hacia el Partido Popular por haber sido elegido para el cargo.

Es posible que algo similar ocurra con la actual Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en relación a la ley 10/2012, más conocida como Ley de tasas Judiciales. El 12 de febrero de 2013, entregó al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, una serie de recomendaciones. Éstas fueron aceptadas e introducidas en la ley por Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero. ¿Un éxito? Para unos sí, para otros una actuación insuficiente y un lavado de cara, pues siguen defendiendo la inconstitucionalidad de la ley. De hecho, están pendientes de resolución tanto el recurso de inconstitucionalidad presentado por el grupo parlamentario socialista, como la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la sala séptima de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. La historia puede repetirse.

Existen también defensores del pueblo a nivel autonómico, aunque algunos han desaparecido recientemente, como el de Castilla-La Mancha en 2011 o el Procurador General del Principado de Asturias en julio de 2013 (aunque seguirá tramitando expedientes en proceso hasta su efectiva supresión el 31 de diciembre), para cumplir con los objetivos de déficit. Las quejas que estuvieran en trámite en el momento de su desaparición, son asumidas por el Defensor del Pueblo estatal. Sin embargo, siguen contando con esta figura, aunque con diferentes denominaciones: Andalucía (Defensor del Pueblo Andaluz), Valencia (Síndic de Greuges), Cataluña (Síndic de Greuges), Galicia (Valedor do Pobo), Canarias (Diputado del Común), País Vasco (Ararteko), Aragón (El Justicia), Navarra (Defensor del Pueblo Navarro), La Rioja (Defensoría) y Castilla y León (Procurador del Común).

Si, a la hora de preparar una queja ante cualquiera de los defensores del pueblo existentes, necesitan buscar fundamentación jurídica, en la página web del Boletín Oficial del Estado, tienen un magnífico Código de leyes políticas, con los textos consolidados (vigentes a día de hoy) de la constitución y leyes orgánicas de desarrollo de determinados preceptos constitucionales.


Confío que este coñazo apasionante artículo, les haya sido de utilidad.

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