El 155 CE y la normalidad democrática

Finalmente, el Gobierno se ha visto obligado a activar el artículo 155 de la Constitución, ante la negativa del desafío independentista a volver a la legalidad. Las protestas en las calles catalanas no se han hecho esperar, comenzando con una multitudinaria manifestación en Barcelona, que unió a su propósito inicial, pedir la libertad de "los Jordis", el rechazo al 155. Por fortuna hablamos de concentraciones sin incidentes, pues el independentismo catalán está ansioso de vender al exterior una imagen de pueblo unido, pacífico y democrático, luchando desde la no violencia contra un malvado y autoritario estado español que les tiene sometidos y conculca sus derechos de modo arbitrario y reiterado. La paradoja es que esto lo dicen abiertamente, mientras se manifiestan en las calles sin ser reprimidos ni coartados.

Independentistas catalanes apelando a la épica de Iwo Jima a base de photoshop y fotos antiguas

Este es precisamente el punto más débil del procés y sus partidarios: demostrar que España es esa dictadura que ellos mantienen. Esto no es posible, porque no lo és. España es un Estado democrático consolidado, reconocido internacionalmente como tal y que ha recibido el apoyo reiterado de sus socios europeos. Sin ir más lejos, en los propios Premios Princesa de Asturias, el Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani (discurso íntegro en la razón), dio un discurso que se recordará durante años sobre el valor de los valores europeos y el respeto a la democracia y el estado de derecho, además de recordar posteriormente, una vez más, que una declaración de independencia implicaría su salida inmediata de la Unión. Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, y Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, las mayorías del Parlamento Europeo y una larga de personalidades y organismos internacionales respaldan a España contra el desafío soberanista.

Tampoco parecen afortunadas las irresponsables comparaciones y referencias al franquismo, intentando equiparar la aplicación del 155 con una suerte de golpe de estado o un desastre de proporciones bíblicas para la democracia. Lo único que logran es banalizar lo que el franquismo supuso. Nada tiene que ver nuestra actual España democrática, 42 años después del fallecimiento de Franco y casi 39 bajo cobertura constitucional, con un régimen autocrático o dictatorial. De hecho, Cataluña cuenta con un nivel competencial efectivo, tanto en materias como en presupuesto, muy superior al de la mayoría de países federales o con un cierto grado de descentralización del mundo.

La prensa internacional, como Le Monde, The Guardian y The Washington Post, ya lamenta abiertamente haber caido en los bulos, medias verdades y mentiras que los independentistas les colaron durante las votaciones en el anti-referendum del 1 de octubre: mujeres que dejan de tener los 10 dedos rotos, inválidos y ancianos golpeados, pero no el 1 de octubre... Y hace una llamada a la reflexión sobre el valor de la verdad en tiempos de la posverdad. Hoy día, vende el relato más que los hechos verídicos. La apelación al sentimiento sirve de excusa para ignorar la realidad, tergiversándola y pervirtiéndola hasta convertir a la víctima en verdugo. Aunque tarde, el gobierno español ha reaccionado en el ámbito internacional, explicando de modo claro la verdadera situación política y legal española.

El artículo 155 de nuestra actual Constitución, copiado del derecho alemán, es cualquier cosa menos una rareza en términos de derecho comparado. Cualquier estado democrático se reserva el derecho, con unos procedimientos y unas garantias previamente establecidos, a poder tomar el control de regiones díscolas que se salten la legalidad. Sin ir más lejos, el Gobierno de Reino Unido llegó a suspender hasta en cuatro ocasiones la autonomía del Ulster. En España, se ha seguido escrupulosamente el procedimiento recogido en la Constitución, con el requerimiento previo que Puigdemont respondió y no respondió, la votación en el Consejo de Ministros y su remisión al Senado (pues es la Cámara de representación territorial) para su aprobación final. Las medidas propuestas para restaurar la legalidad están limitadas en el tiempo, son proporcionadas y con un objetivo definido de convocar nuevas elecciones y restaurar la legalidad constitucional. No se suspende la autonomía en ningún momento. Por desgracia, todos somos plenamente conscientes de las dificultades y resistencias que encontrará la medida en Cataluña.

No se debe olvidar que la aplicación de este artículo se ha hecho logrando el apoyo del principal partido de la oposición, el PSOE, y de Ciudadanos. Es decir, no es una iniciativa en solitario del Gobierno, sino que ha buscado el mayor número posible de apoyos, sumando más del 68% de los sufragios de las elecciones de junio de 2016. Esta unidad del bloque constitucionalista se contrapone por desgracia con la respuesta de un Podemos que, para variar, sigue sin estar a la altura y es incapaz de salir de sus dinámicas sectarias y de su particular visión de lo que es la democracia. En un afán de intentar cazar votos, se inventa ahora el señor Iglesias la contraposición entre un bloque monárquico, el de los partidos constitucionalistas, y un bloque democrático, que sospecho cree encabezar. Este paladín de la libertad, azote de tiranos, desfacedor de entuertos y defensor de ancianitas desvalidas, viene a recordarnos lo equivocados que estamos aquellos que atribuimos algún tipo de culpa de la situación actual al gobierno de Puigdemont y sus socios, que legítimamente representan al pueblo de Cataluña (vamos, al 40% que votó el referendum). ¿Para qué contabilizar a los demás? ¿Para que reconocer quien tiene la ley de su lado?