Recorrido y defensa de la Constitución

Con motivo del bicentenario del Constitucionalismo Español, el Fòrum Persones i Societat Valenciana, entidad con la que colaboro, ha venido realizando diferentes actividades conmemorativas. Entre otras, en febrero de este año, celebramos una mesa como homenaje a los Diputados Valencianos que acudieron a las Cortes de Cádiz y contribuyeron a la redacción de la constitución y aprobación de decretos claves, como el de abolición de los señoríos o del Tribunal del Santo Oficio. Con el fin de cerrar este ciclo, se celebró este 3 de diciembre, en el Palacio de colomina, gracias a la colaboración de la Universidad CEU-Cardenal Herrera y con la participación de ABC y de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos, una conferencia coloquio en el que ponentes del ámbito jurídico, académico y de la participación pública analizaran el recorrido y las posibles reformas de la Constitución vigente y del bloque de constitucionalidad. 

Participantes en la actividad. De izquierda a derecha: Héctor González, Andrés boix, José Morgan, Joaquín Marco, Carlos Flores, Felix Crespo, Isaac Blasco y José Luis López Valenciano. Foto: MIKEL PONCEROBER SOLSONA.  (ABC)

Se abordaron cuatro puntos: Organización Territorial del Estado y reforma de las Administraciones; sucesión en la Jefatura del Estado principio de igualdad de género; problemas de Representatividad: reformas del Senado y de la ley electoral; y constitucionalidad de la Ley Hipotecaria en relación a los Principios Rectores de la Política Social y Económica. De modo breve me limitaré a exponer algunas de las opiniones vertidas, sin ponerlas en boca de nadie. Algunos son temas sensibles, pero conviene no olvidar que los académicos y políticos no dejan por ello de ser ciudadanos como los demás, por lo que ruego a mis lectores no lo olviden e intenten no crear una distancia entre unos y otros que, verdaderamente, no existe. En todo caso, el debate fue dinámico y fluido y el numeroso público de la sala, muchos estudiantes, pero no únicamente, no se aburrió en absoluto.

Respecto al primer punto, se planteó el cierre del sistema autonómico, es decir, darle una forma final, y se apuntó a que la indefinición sobre éste en la Constitución fue debida, principalmente, a querer que todo tuviera cabida en la Carta Magna y unas ciertas prisas de cerrar la transición. De ahí derivan algunos problemas actuales como el solapamiento y duplicidad de instituciones, a las que, por otro lado, nadie quiere renunciar. Aunque, señalan algunos, el problema no es tanto por las competencias, sino porque no hay dinero para pagarlas ahora. Un ponente recuerda que el Estatuto de Cataluña fue un intento de cerrar el sistema autonómico, pero sin éxito, lo que en realidad mostraba que éste no era tan abierto como se creía. No vale, pues, cualquier modo de cerrarlo. Por otro lado, otro ponente hacía una interesante reflexión, señalando que deberíamos compararnos con países de nuestro entorno y plantearnos si el problema está en las CCAA o en el Estado.

En lo concerniente a la sucesión de la jefatura de Estado, la conclusión general fue que era mejor no tocar nada. Cambiar el capítulo dedicado a la Corona implica poner en marcha el procedimiento agravado de reforma, con su correspondiente referendum que, en última instancia, se convertiría casi seguro en un plebiscito sobre la institución de la Corona. Se insistía en que sería bueno mirar las ventajas del modelo actual, con un Jefe de Estado que tiene un papel moderador clave y que, por otro lado, no sale tan caro como la mayoría de países de nuestro entorno. Por supuesto, también había quien, directamente, veía la monarquía como una anomalía histórica y optaba por un cambio de modelo de Estado.

Sobre el sistema electoral y la representatividad de las instituciones, se reconoción un hecho, que no existe paridad de competencias entre Congreso y Senado. El grueso de la importancia se la lleva el Congreso, mientras que el Senado es percibido popularmente como una suerte de "retiro espiritual", una cámara de segunda categoría. Parte de la culpa de esta situación estaría en los medios de comunicación, que rara vez cubren su actividad, más que de modo marginal. En cualquier caso, hay que recuperar su papel preponderante en los asuntos que son competencia directa suya: Estatutos, financiación local, tributos yexigencia de una mayor presencia del Presidente del Gobierno ante la Cámara. Pero hay que tener en cuenta la cuestión del equilibrio institucional. Para que nos entendamos, si se quiere un Senado más poderoso, debe ser más representativo y con políticos más relevantes y, puesto que dos Cámaras representativas igualmente fuertes son imposibles y llevarían al desastre, debería reducirse a su vez el peso del Congreso.

Como remedio para aumentar la representatividad, un ponente sugiere aumentar el número de diputados a 400, máximo que la propia Constitución permite. Personalmente, creo que esto choca frontalmente con la exigencia actual de austeridad y reducción de cargos públicos que reclama la ciudadanía en todos los niveles. En mi opinión, esta reducción va en detrimento de la representación, pues dejará aún con mayores problemas a los partidos pequeños para obtener representación. Por otro lado, cargo público no significa cobrar, pensemos que de los más de 8000 municipios españoles, , 6000 son poblaciones menores de 1.000 habitantes en las que sus cargos electos raramente perciben retribución.

También se lamenta que los sistemas electorales autonómicos sean un calco del nacional (algo a lo que la ley no obliga en absoluto), cuando podría haberse experimentado con otros que minimizaran el gran peso que los partidos tienen sobre sus diputado. Sin embargo, otro ponente apuntó a las ventajas de nuestro sistema electoral: ha dado siempre un claro ganador, quien ha tenido más votos ha obtenido más escaños y gobernado (aunque fuera en minoría, las coaliciones post-electorales en España brillan por su ausencia). Así pues, nuestro sistema ha propiciado una gran estabilidad gubernamental.

Sobre la constitucionalidad de la Ley Hipotecaria en relación a los Principios Rectores de la Política Social y Económica, se recordó que el Parlamento tiene un gran margen de maniobra para especificar los principios establecidos en la Constitución, otra cosa es estar o no de acuerdo con el contenido de la Ley donde se haga. Fueron críticos con una posible aprobación retroactiva de la dación en pago, pues cambiar las reglas del juego a mitad de partido es, como poco desaconsejable, sin contar conque lo pagaríamos todos. Se recordó asimismo que, por muchas facilidades de crédito que dieran los bancos, nadie nos ha obligado a firmar hipotecas. (no se mencionó, por estar fuera del tema de debate, la oferta de otro tipo de productos bancarios, como las famosas preferentes). También se alertó sobre la parte negativa de la dación en pago; los bancos se blindarán para defender sus intereses, aumentarán los tipos de interés y se concederán menos hipotecas, además de exigir mayores garantías. Con esto, se desincentivará la compra y relanzará el mercado de alquiler.

En relación al estado social, se constató la dificultad de medir hasta donde debe llegar. Todos lo queremos, pero hay que pagarlo. En la medida en que nadie levantará con entusiasmo la mano para pedir un aumento de los impuestos para financiarlo (sí, el Estado se financia a través de nuestros impuestos y consumo), hay que tener en cuenta los costes. Se ha dado la impresión de que todo lo público era gratis y se ha creado un estado insostenible. todos hemos contribuido a ello y debemos asumir nuestro nivel de responsabilidad. En el turno de preguntas, este punto fue algo matizado en el sentido siguiente: No se trata de demonizar al ciudadano, lógicamente, pero exigir al Estado que lo regule todo de tal modo que nos diga que debemos y no debemos hacer, no es lo deseable. El Estado está para garantizar un entorno justo, no para guiar las decisiones económicas de sus ciudadanos. 

Se tocó el siempre delicado tema de los desahucios, que ya existían antes de la crisis y, nadie lo niega, son siempre una tragedia. Pero las especiales circunstancias y la mayor cobertura que los medios han dado a este asunto, han contribuido a sensibilizar de un modo mayor al conjunto de la sociedad y darle otro nivel que antes no tenía, un "efecto contagio". En todo caso, debe hacerse algo por los más vulnerables.

Espero que esta breve crónica de la jornada les haya resultado de interés. La idea de Fòrum es crear un foro de debate no partidista en el que se puedan tratar cuestiones actuales que afecten a los ciudadanos y acercar la política y las instituciones a la gente, de modo que no sean vistas como cosas lejanas y alejadas, estimulando así la participación. Les animo a asistir a futuros actos del Fòrum.