Economía y realidad

CaixaBanc, Banco Sabadell, Agbar (Aguas de Barcelona), Gas Natural, Banco Mediolanum y una lista que no para de crecer han comenzado a trasaldar sus sedes sociales fuera de Cataluña a otros puntos del territorio español. Otras muchas, como el Grupo Planeta, Freixenet, Codorniu, Lidl y otro largo listado, siguen muy atentamente el desarrollo de los acontecimientos para decidir si siguen el mismo camino. La conclusión es clara, a la mayoría silenciosa, que el pasado domingo enseñó músculo en Barcelona, se le une un sector económico que había mantenido un perfil bajo y nunca se había acabado de creer que las cosas llegarían tan lejos.

 

El independentismo catalán, en contra de lo que mantenían los artícifices del procés, como un bravucón Artur Mas durante la campaña electoral de 2015, que afirmaba de modo entusiasta que las empresas "no se irán. Se pelearán por estar en Cataluña", parecen darse codazos para salir las primeras. En el caso del sector bancario, cuando las cifras de negocio en el resto de España suponen el 80% al menos, y se está produciendo un hundimiento del valor en bolsa y una creciente fuga de depósitos, lo último que nadie se plantea es quedarse. Si bien es cierto que el cambio de sede social no implica necesariamente cambios en el centro de toma de decisiones ni cierre de centros de trabajo en Cataluña, pero posee un enorme valor simbólico: empresas catalanas centenarias, para poder proteger su continuidad, se trasladan a otras partes de España. Oriol Junqueras puede decir misa y mantener que las empresas se van a "los países catalanes y no a Madrid", pero simplemente miente y no acepta la realidad. Los países catalanes no existen y son muchas las empresas que sí han trasladado su sede a Madrid.

¿Podría haberse evitado la deriva independentista si las fuerzas de la economía hubieran actuado antes? Es complicado responder taxativamente a esta pregunta. En su momento, el Govern había sondeado ya a las empresas catalanas para intentar medir sus apoyos ante un eventual escenario de independencia. Los contactos habían sido poco claros, con educadas evasivas, o directamente infructuosos. Eso, que una persona normal habría comprendido rápidamente que quería decir que se irían si veían amenazados sus intereses, el independentismo lo tomó como un apoyo incondicional. Este error de cálculo y el largo silencio, aderezado de vez en cuando por manifestaciones de preocupación, del empresariado catalán llevaron a que aquellos que apoyaban la independencia nunca se plantearan sus verdaderos costes (además de la fractura social, la más grave y que costará más reparar). Una respuesta mas clara y firme, posiblemente habría enfriado los ánimos de los independentistas más razonables, que habrían buscado alternativas dentro de la ley para defender su postura. 

Este jarro de agua fria, unido al fracaso para lograr internacionalizar el conflicto (recordemos que el grueso del Parlamento Europeo, así como la Comisión se han alineado con la legalidad constitucional española), explica entre otras cosas el retraso, según sus propias leyes ilegales de desconexión política (aunque no sería la primera vez que incumplen lo que ellos mismos acordaron), en la proclamación de la independencia. Es el vértigo de lanzarse a lo desconocido, o peor, de lanzarse a lo que saben que no puede terminar bien. Una declaración unilateral de independencia, aparte de una ilegalidad manifiesta, no deja de ser un brindis al sol. Ni cuentan con medios para un control efectivo de su territorio, ni está demasiado claro que vayan a ser obedecidos una vez crucen la línea roja final. 

 Parafraseando a James Carville, ¡es la realidad, estúpido!