Los excesos del lenguaje inclusivo y no sexista

El debate sobre la necesidad o no del lenguaje inclusivo y no sexista ha dejado escenas de aparatoso bochorno para la historia. La última aberración del lenguaje inclusivo y no sexista en España la ha formulado Irene Montero, con sus "portavoces y portavozas", recogiendo el testigo que apenas un año antes lanzara Lorena Ruiz-Huerta, de su mismo partido, con sus "jóvenes y jóvenas, pero todavía sin emular la repercusión los "miembros y miembras" de la antigua ministra socialista de igualdad, Bibiana Aido. Dejemos aparte el término "lideresa", que tanto comienza a gustar en América Latina, y que a un servidor le produce sudores frios sólo de escucharlo.

En cualquier caso, y dejando aparte la anécdota, la lucha por alcanzar una verdadera igualdad entre hombres y mujeres, absolutamente loable y necesaria, es una preocupación social y política de primer orden desde hace ya décadas.

La Comisión Europea ya se comprometió en 1996 a realizar la igualdad de género a través de dos medidas: por un lado, integrando perspectiva de género en todas las políticas y, por otro, aplicando al mismo tiempo medidas específicas para eliminar, prevenir o remediar las desigualdades de género. Por su parte, en el seno del Parlamento Europeo se halla la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (Comisión FEMM), que vela porque se lleven a cabo estas medidas en el funcionamiento y las políticas de la Unión. El último Informe sobre la integración de la perspectiva de género en los trabajos del Parlamento Europeo de 2016 da una buena idea del largo camino que queda por recorrer

El 13 de febrero de 2008, fue aprobado el Informe sobre el lenguaje no sexista en el Parlamento Europeo. Dicho informe entendía que la finalidad de dicho lenguaje en cuanto al género es evitar opciones léxicas que puedan interpretarse como sesgadas, discriminatorias o degradantes al implicar que uno de los sexos es superior al otro, ya que en la mayoría de los contextos el sexo de las personas es, o debe ser, irrelevante" y establecía algunas orientaciones en relación a como debía aplicarse en las instituciones europeas.

España se había adelantado a Europa por una vez, ya que el artículo 14.11 de la Ley 3/2007, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, estableció que "serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos: (...) la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.".

Desde la aprobación de estos informes y leyes hasta el día de hoy, numerosos son los manuales y guías de lenguaje inclusivo y no sexista que han sido publicados en las diferentes administraciones públicas (no solo españolas), normalmente sin demasiado acierto ni rigor, toda vez que el uso de lingüistas (y sentido común) para elaborarlas ha brillado habitualmente por su ausencia.

Para muestra, un botón. En 2012 apareció el Informe de la RAE "Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer", elaborado por Ignacio Bosque y suscrito por la totalidad de los miembros de la Academia, que analizaba nueve de estos manuales y sacaba a relucir sus deficiencias. El autor destaca que las premisas en que se basan los autores de estas guías son correctas (Existencia de discriminación de la mujer en nuestra sociedad; existencia de comportamientos verbales sexistas; el hecho de que numerosas instituciones autonómicas, nacionales e internacionales han abogado por el uso de un lenguaje no sexista; y la necesidad de extender la igualdad social de hombres y mujeres y lograr que la presencia de la mujer en la sociedad sea más visible), pero la conclusión a la que llegan es incorrecta. Es decir, pretenden que "el léxico, la morfología y la sintaxis de nuestra lengua han de hacer explícita sistemáticamente la relación entre género y sexo, de forma que serán automáticamente sexistas las manifestaciones verbales que no sigan tal directriz" .

En Francia, como representantes también de una lengua de origen latino, sufren exactamente el mismo problema que los españoles. Al menos allí, la valentía y el sentido común sí que se han adueñado de las instituciones. El pasado mes de noviembre, tras el posicionamiento previo de la Academia francesa de la lengua en contra del uso aberrante del lenguaje inclusivo, el gobierno francés lo prohibió en sus textos oficiales, en aras de la comprensión y claridad del contenido.

Pero no sólo España o Europa sufre los envites del lenguaje inclusivo y no sexista, que además genera de jugosas anécdotas. Al otro lado del charco, las abominaciones campan por sus respetos en los países de habla hispana (En algún momento hablaré de la verdadera paranoia que se vive en el mundo angloparlante con este tema, pero eso merece entrada aparte). Por poner un ejemplo, el artículo 41 de la actual constitución venezolana es un verdadero catálogo de los horrores que este lenguaje aplicado sin criterio puede generar:

"Sólo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad, podrán ejercer los cargos de Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Presidente o Presidenta y Vicepresidentes o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Procurador o Procuradora General de la República, Contralor o Contralora General de la República, Fiscal o Fiscala General de la República, Defensor o Defensora del Pueblo, Ministros o Ministras de los despachos relacionados con la seguridad de la Nación, finanzas, energía y minas, educación; Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas de los Estados y Municipios fronterizos y aquellos contemplados en la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional.

Para ejercer los cargos de diputado o diputada a la Asamblea Nacional, Ministro o Ministra, Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas de Estados y Municipios no fronterizos, los venezolanos y venezolanas por naturalización deben tener domicilio con residencia ininterrumpida en Venezuela no menor de quince años y cumplir los requisitos de aptitud previstos en la ley."

Es verdad que el ejemplo anterior parece quedarse corto cuando recordamos las palabras de Nicolas Maduro prometiendo el reparto de 35 millones de "libros y libras" (confío que al menos estas últimas sean esterlinas) o la creación de "liceos y liceas" para sus estudiantes.

Otro ejemplo sagrante es el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que suscribieron las FARC y el gobierno colombiano en septiembre de 2016, y que está plagado de “delegados y delegadas”, “colombianos y colombianas”, “ciudadanos y ciudadanas” y “niños y niñas”, que hacen la lectura del texto una verdadera y farragosa tortura. Ello sin contar que se estima en 100 páginas lo que se acortaría el texto final de 290, lo que lo haría algo más atractivo de leer.

Estas propuestas de ingeniería gramatical, como recoge Alex Grijelmo en La seducción de las palabras, están abocadas al fracaso por dos razones principales: la primera, por su falta de naturalidad y, la segunda, por la frustración que genera, ya que, remitiéndose a las conclusiones de los profesores Catalá Gonzálvez y García Pascual en su libro Ideología sexista y lenguaje, "la emergencia de las mujeres en plan de igualdad en los discursos sólo puede producirse con la alteración del contexto social de desigualdad, no con la alteración de los sistemas gramaticales". En suma, aunque loable en su propósito, esta vía para visibilizar a la mujer no acaba de luchar contra los problemas de fondo que padece.